El régimen jurídico de la prueba obtenida por particulares en el proceso penal

¿Una prueba obtenida ilícitamente puede bastar para enervar el principio de presunción de inocencia que asiste al acusado? En España, la ley dice que no: si se vulneran derechos fundamentales para obtenerla, la prueba se excluye, porque la verdad material no puede obtenerse a cualquier precio. Pero ¿qué ocurre cuando quien actúa no es el Estado, sino un ciudadano cualquiera? Este trabajo responde a esa pregunta a través del caso Falciani, en el que un empleado de un banco que se llevó listados con miles de cuentas en Suiza y los entregó a las autoridades, destapando posibles fraudes fiscales. El Tribunal Supremo y el Constitucional concluyeron que esa información podía usarse, porque el empleado actuó por su cuenta y sin ser instrumento de la policía, de modo que excluir la prueba no disuadiría a nadie. El autor recorre el origen de la regla de exclusión probatoria, desde Estados Unidos hasta Europa, y explica cómo se llegó a esta excepción, así como sus límites: si el particular actúa a las órdenes de la policía, la prueba vuelve a ser inválida. También examina qué pasa con los denunciantes (whistleblowers) y los detectives privados, y defiende que el legislador regule por fin esta cuestión.

DOI: https://doi.org/10.69592/979-13-7065-102-2